Se calcula que existen al menos 381 proyectos para construir presas hidroeléctricas, a lo largo de Centroamérica hasta el sur de México.
En 2008 se inició la construcción de la presa hidroeléctrica de El Chaparral, en el noreste de El Salvador, por la multinacional constructora italiana Astaldi S.P.A. Se espera que esté terminada para inicios de 2013. Este proyecto afectará al menos a unas 11 mil personas de 5 comunidades (San Luis de la Reina, San Antonio del Mosco, Carolina, Nuevo Edén de San Juan y San Gerardo).
Estos pueblos viven de la tierra, en una economía de subsistencia del maíz, y los terrenos de 100m2 se los han comprado por tan sólo $60 dólares.
Por ello, se han levantado en contra, realizando bloqueos y protestas en San Salvador, para defender sus tierras.
Además, el proyecto viola el convenio 169 de la OIT ya que no se realizó ninguna consulta con las comunidades locales.
Con la represa, más de 8.5 kilómetros cuadrados de tierras quedaran bajo el agua, incluidos sitios paleontológicos precolombinos de la cultura lenca. Además, la manipulación del cauce del río Torola implica grandes daños a la flora y fauna de la zona.
Asimismo, en El Salvador se pretende agrandar la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, agregando una tercera unidad. Esta hidroeléctrica ha causado grandes daños ambientales y el desalojo de cientos de personas. En Guatemala, el grupo empresarial Terra planea construir la represa Hidro Xacbal, en el departamento de Quiché, la cual será la presa más grande de Centroamérica. El dueño de Grupo Terra es de origen hondureño y es uno de los empresarios más poderosos, pero a la vez es uno de los 10 empresarios hondureños acusados de haber financiado y apoyado el golpe de estado en ese país a mediados de 2009.
Por su parte, el Proyecto Mesoamérica, sólo en Chiapas, México, contempla la construcción de más de 10 represas hidroeléctricas. Y en el estado de Guerrero, pese a la determinante oposición del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), el gobierno sigue insistiendo en dar impulso a la presa hidroeléctrica La Parota. Frente a ello integrantes del Cecop han declarado: "Desde ahorita lo decimos: estamos en contra de ese proyecto porque no hay desarrollo y no vamos a permitir que las trasnacionales venga a invadirnos; vamos a defender nuestras tierras…”
En agosto de 2009, el gobernador de Chiapas Juan Sabines inauguró junto a representantes de los diez países de Mesoamérica una planta de biodiesel en Puerto Chiapas, la cual producirá más de 12 mil litros de biodiesel por día a partir de la siembra de piñón (semilla procedente de la piña)y la palma aceitera. La planta fue construida con asesoramiento y tecnología colombiana. En Colombia, el negocio de los agrocombustibles ha deforestado vastos territorios convirtiéndolos en desiertos verdes, sin comunidades campesinas e indígenas, las que han sido expulsadas de forma violenta de sus tierras para dar paso a la palma de aceite y otros cultivos para agrocombustibles.
En la región colombiana del Chocó, una de las zonas más biodiversas de América, miles de hectáreas están siendo deforestadas, quemadas, y plantadas con palma africana. Además, en países como Malasia e Indonesia, la expansión de los cultivos de palma de aceite es la mayor causa de deforestación.
Al igual que el Proyecto Mesoamérica, el Corredor Biológico Mesoamericano es financiado por el Banco Mundial, el BID y donaciones de países europeos, así como de Japón y Estados Unidos. Cuando el Plan Puebla Panamá surgió en 2001, nunca fue clara la relación entre éste (ahora Proyecto Mesoamérica, en su segunda etapa) y el Corredor, ya que el PPP abriría el camino a las empresas trasnacionales y a los gobiernos para la apropiación de la vasta riqueza biológica de la región, organizada ahora bajo la lógica del CBM.
Ahora el Proyecto Mesoamérica pretende dar un nuevo impulso y reforzar estos patrones que bajo el disfraz de la conservación habilitan el paso hacia el acaparamiento de los recursos, por medio de proyectos como el ecoturismo, la biopiratería (práctica ilegal que se utiliza la biodiversidad en países en desarrollo con fines de explotación comercial), la venta de servicios ambientales, las patentes y los agronegocios. El resultado sigue siendo el despojo del territorio, la mercantilización de la biodiversidad y la consecuente afectación de los ecosistemas.
Lourdes García
En 2008 se inició la construcción de la presa hidroeléctrica de El Chaparral, en el noreste de El Salvador, por la multinacional constructora italiana Astaldi S.P.A. Se espera que esté terminada para inicios de 2013. Este proyecto afectará al menos a unas 11 mil personas de 5 comunidades (San Luis de la Reina, San Antonio del Mosco, Carolina, Nuevo Edén de San Juan y San Gerardo).
Estos pueblos viven de la tierra, en una economía de subsistencia del maíz, y los terrenos de 100m2 se los han comprado por tan sólo $60 dólares.
Por ello, se han levantado en contra, realizando bloqueos y protestas en San Salvador, para defender sus tierras.
Además, el proyecto viola el convenio 169 de la OIT ya que no se realizó ninguna consulta con las comunidades locales.
Con la represa, más de 8.5 kilómetros cuadrados de tierras quedaran bajo el agua, incluidos sitios paleontológicos precolombinos de la cultura lenca. Además, la manipulación del cauce del río Torola implica grandes daños a la flora y fauna de la zona.
Asimismo, en El Salvador se pretende agrandar la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, agregando una tercera unidad. Esta hidroeléctrica ha causado grandes daños ambientales y el desalojo de cientos de personas. En Guatemala, el grupo empresarial Terra planea construir la represa Hidro Xacbal, en el departamento de Quiché, la cual será la presa más grande de Centroamérica. El dueño de Grupo Terra es de origen hondureño y es uno de los empresarios más poderosos, pero a la vez es uno de los 10 empresarios hondureños acusados de haber financiado y apoyado el golpe de estado en ese país a mediados de 2009.
Por su parte, el Proyecto Mesoamérica, sólo en Chiapas, México, contempla la construcción de más de 10 represas hidroeléctricas. Y en el estado de Guerrero, pese a la determinante oposición del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), el gobierno sigue insistiendo en dar impulso a la presa hidroeléctrica La Parota. Frente a ello integrantes del Cecop han declarado: "Desde ahorita lo decimos: estamos en contra de ese proyecto porque no hay desarrollo y no vamos a permitir que las trasnacionales venga a invadirnos; vamos a defender nuestras tierras…”
En agosto de 2009, el gobernador de Chiapas Juan Sabines inauguró junto a representantes de los diez países de Mesoamérica una planta de biodiesel en Puerto Chiapas, la cual producirá más de 12 mil litros de biodiesel por día a partir de la siembra de piñón (semilla procedente de la piña)y la palma aceitera. La planta fue construida con asesoramiento y tecnología colombiana. En Colombia, el negocio de los agrocombustibles ha deforestado vastos territorios convirtiéndolos en desiertos verdes, sin comunidades campesinas e indígenas, las que han sido expulsadas de forma violenta de sus tierras para dar paso a la palma de aceite y otros cultivos para agrocombustibles.
En la región colombiana del Chocó, una de las zonas más biodiversas de América, miles de hectáreas están siendo deforestadas, quemadas, y plantadas con palma africana. Además, en países como Malasia e Indonesia, la expansión de los cultivos de palma de aceite es la mayor causa de deforestación.
Al igual que el Proyecto Mesoamérica, el Corredor Biológico Mesoamericano es financiado por el Banco Mundial, el BID y donaciones de países europeos, así como de Japón y Estados Unidos. Cuando el Plan Puebla Panamá surgió en 2001, nunca fue clara la relación entre éste (ahora Proyecto Mesoamérica, en su segunda etapa) y el Corredor, ya que el PPP abriría el camino a las empresas trasnacionales y a los gobiernos para la apropiación de la vasta riqueza biológica de la región, organizada ahora bajo la lógica del CBM.
Ahora el Proyecto Mesoamérica pretende dar un nuevo impulso y reforzar estos patrones que bajo el disfraz de la conservación habilitan el paso hacia el acaparamiento de los recursos, por medio de proyectos como el ecoturismo, la biopiratería (práctica ilegal que se utiliza la biodiversidad en países en desarrollo con fines de explotación comercial), la venta de servicios ambientales, las patentes y los agronegocios. El resultado sigue siendo el despojo del territorio, la mercantilización de la biodiversidad y la consecuente afectación de los ecosistemas.
Lourdes García
